tomado de Las dos Américas en el estrado, de El País

El fondo del debate que se disputa sobre todo en el Tribunal Supremo concierne al enfrentamiento entre dos interpretaciones de la Constitución abiertamente contradictorias. De una parte, están los juristas que consideran la Constitución Americana, con sus correspondientes enmiendas, como un texto a aplicar de forma literal, tal como la concibieron los padres fundadores. Son los originalistas, que han partido de los poderes presidenciales establecidos originalmente en el texto constitucional para elaborar una teoría antidemocrática y premoderna respecto a la división de poderes y a los márgenes de acción del presidente, sobre todo en tiempo de guerra. En este punto es donde engarza el conservadurismo social con el belicismo conservador. Los originalistas rechazan, naturalmente, toda jurisdicción y jurisprudencia extranjera o internacional, incluidas por supuesto las Convenciones de Derechos Humanos y los tribunales internacionales, como algo ajeno al constitucionalismo americano, y constituyen así la vertiente jurídica del unilateralismo en las relaciones internacionales.

La presidencia de George W. Bush no hubiera sido la misma sin los márgenes de acción que obtuvo gracias a los atentados del 11-S y a la declaración de una guerra global contra el terror -para la que obtuvo, además, poderes parlamentvo, además, poderes parlamentarios- de la que se sabe todo de cómo empezó, pero nada sobre cómo y cuándo acaba. O sí: acaba si vence en las elecciones un presidente que no se adscribe a esta teoría originalista y al colofón de la presidencia imperial que se deduce. Los juristas neocons han puesto nombre a esta cosa monstruosa que le ha crecido a la democracia norteamericana en los ocho últimos años: es la teoría del ejecutivo unitario, un eufemismo para la concentración de poder, la marginación delParlamento, el asalto de la justicia y la intimidación de la opinión pública. Entre los juristas más relevantes que han defendido estos puntos de vista están naturalmente quienes han asesorado a George W. Bush en la Casa Blanca durante los últimos ocho años, y han escrito los memorandos de justificación de numerosas transgresiones de la Constitución, como la práctica de la tortura, la anulación del hábeas corpus o las escuchas sin control judicial.